Según el Gobierno, los haberes reales ganaron un 12%, pero eso solo es así -si se toma como referencia el IPC del Indec- para quienes no cobran el bono, un grupo que, a la vez, no recuperó el fuerte deterioro de los años previos; el valor real de las pensiones por discapacidad cayó 18,7% a marzo
Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, según afirma un informe del Gobierno, los haberes jubilatorios pagados por la Anses sujetos a la regla de movilidad tuvieron una “evolución real” (es decir, descontando el efecto de la inflación) de 12,1%, con signo positivo. El dato está consignado, concretamente, en el documento que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, elevó al Congreso de la Nación días atrás.
“El Ministerio de Capital Humano informa que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 (última información disponible al momento de responder esta pregunta) la evolución real de los haberes, es decir, de la movilidad, fue del +12,1%”, señala la respuesta a la pregunta 1327, sin más detalle sobre la cuestión, ni discriminación según tipo de ingreso previsional. La consulta estaba referida a si el Poder Ejecutivo “reconoce que las jubilaciones y pensiones han perdido poder adquisitivo” desde el 10 de diciembre de 2023 y, en tal caso, de cuánto fue el deterioro.
¿Cuál fue la variación del poder de compra o del valor real de los ingresos jubilatorios desde el último mes de 2023? Si se observa qué ocurrió, por un lado, con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el Indec y, por el otro, con los haberes previsionales propiamente dichos -sin considerar el bono o refuerzo que muchos cobran-, la comparación arroja, efectivamente, una recuperación del valor real de 12%. Es una mejora que está sumamente lejos de compensar la fuerte pérdida que tuvieron esos ingresos en los años previos.
Sin embargo, si se mira el universo de las prestaciones a cargo de la Anses destinadas a adultos mayores y a personas con discapacidad, se concluye que para la mayoría no hubo recuperación. Por el contrario, hubo caídas del poder adquisitivo que, a marzo y en algunos casos, superan el 18%. Esto es así porque parte de los ingresos que cada mes reciben muchos prestatarios está congelada desde hace dos años.
En el caso de los jubilados y pensionados que cobran el importe conformado por el haber mínimo y el bono -unas 2,93 millones de personas-, la pérdida de poder de compra entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue de 11,9% y, a marzo, se eleva al 12,7%. La caída no fue consignada en el informe que llevó Adorni al Congreso, pero surge de hacer el mismo cálculo (aplicándolo a este nivel de ingresos) del cual surge la recuperación del 12% para otro grupo de prestatarios.
La explicación a la disparidad en lo ocurrido en términos reales está en el hecho de que el bono se mantiene desde marzo de 2024 en un mismo valor, de $70.000 para quienes tienen el haber mínimo. Si ese refuerzo se hubiera actualizado de igual forma que los haberes, ahora rondaría los $200.000. En tal supuesto, este mes el ingreso más bajo del sistema sería un 29% más alto de lo que efectivamente es.
Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la inflación fue de 203,3%, según la variación del IPC, que es un indicador que se refiere al valor de un conjunto de bienes y servicios que no necesariamente representa lo que ocurre con el gasto de cada hogar (ya que se trata de un dato promedio, más allá del debate sobre la falta de actualización de las canastas de consumo consideradas por el Indec).
¿Qué pasó después de diciembre de 2023 con los diferentes grupos de prestaciones a cargo de la Anses? En aquel mes en particular se había otorgado un incremento surgido de la movilidad trimestral de la ley 27.609, cuya aplicación en un escenario de inflación al alza causó un fuerte deterioro del valor de los ingresos (en diciembre de 2023, incluso, se topeó el alza por disposición de la propia ley, y, en lugar del alza de entre 28% y 29% que resultaba del cálculo, se otorgó un reajuste de solo 20,87%). En marzo de 2024 se volvió a otorgar una suba según aquella modalidad y, finalmente, desde abril de 2024 se aplica plenamente (tras un mecanismo de transición) el DNU 274, que establece incrementos mensuales según la variación del IPC.
Los ingresos para los cuales se aplica la regla de la movilidad subieron nominalmente un 239,8% si se compara diciembre de 2023 y febrero de este año. En este segmento se dio esa recuperación de 12% del poder de compra. Eso impacta en las 3,14 millones de personas que, por tener ingresos superiores al haber mínimo, ya desde 2022 fueron dejadas al margen del cobro del bono.
Sin embargo, estas personas fueron, en términos de sus ingresos reales, las más perjudicadas previamente por la mencionada fórmula de movilidad del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Entre el inicio de 2021 y marzo de 2024, el deterioro del poder de compra fue de 50,3%, tal como lo ratificaron varios fallos judiciales en el interior del país (la cuestión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley aprobada a fines de 2020 está a la espera de la palabra de la Corte).
Pese a que el Gobierno de Javier Milei criticó la fórmula y la derogó, aquella caída del valor real -que se sumó a la del período de 2018 a 2020-, no fue compensada cuando se modificó la modalidad de las actualizaciones.
Si la comparación del poder de compra se hace entre el último mes de 2023 y marzo de 2026, la recuperación es de 11,6%, en lugar de 12%. Eso último es así porque el tercer mes de este año fue negativo para las jubilaciones, que subieron nominalmente un 2,9%, en función de la variación de precios de enero, frente a una inflación que ese mes fue de 3,4%.
Para quienes cobran este ingreso, el poder de compra fue en febrero último un 11,9% más reducido que el de diciembre de 2023. En aquel mes, el refuerzo había sido de $55.000. En marzo de 2024 se lo llevó a $70.000 y, desde entonces, está congelado.
Si la comparación se actualiza a marzo de este año, el deterioro del ingreso real es mayor: de 12,7%.
Es una prestación para personas sin aportes o con aportes, pero en un número insuficiente para jubilarse. El monto equivale al 80% del haber mínimo (en consecuencia, tiene reajustes mensuales y automáticos por inflación). Cada mes se le agrega el bono. Entre el inicio de 2024 y febrero de este año, la suba nominal del importe total fue de 156,07%, un índice que, frente a la inflación de 203,3%, arroja una pérdida del valor real de 15,6%. Actualizado el dato a marzo, la caída es de 16,4%.
La gran mayoría corresponde a prestaciones por invalidez, que equivalen al 70% del haber mínimo, cifra a la que se suma el bono. En este segmento, la suba del ingreso en cantidad de pesos fue de 149,21% en el período considerado. Eso llevó a una baja del poder adquisitivo de 17,8% a febrero y de 18,7% a marzo de este año.
El bono o refuerzo es cobrado por unos 2,93 millones de jubilados del sistema contributivo, titulares de solo un haber mínimo; también por algo más de 210.200 perceptores de la PUAM, y por alrededor de 1,4 millones de pensionados del régimen no contributivo (como los algo más de 1,1 millones de personas con pensiones por discapacidad, o las mujeres que son madres de siete o más hijos).

En total, son unos 4,5 millones los perceptores de prestaciones abonadas por la Anses que perciben el refuerzo. Sobre el universo total (incluyendo jubilaciones y pensiones superiores al monto mínimo), se trata de seis de cada diez. Si se excluyen las pensiones por discapacidad -a los fines de considerar solo las prestaciones para adultos mayores-, se trata de la mitad, ya que 3,14 millones de jubilados y pensionados perciben más que el haber mínimo (y no tienen refuerzo), y también son 3,14 millones quienes cobran o bien el monto básico del sistema contributivo, o bien la PUAM, según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social.
En el informe de la Jefatura de Gabinete, se expresó que la definición del monto y la continuidad o la “eventual modificación” del refuerzo debe analizarse “en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos”. El Gobierno se niega a dejar incorporado el refuerzo a los haberes, para mantener la posibilidad de decidir discrecionalmente sobre el pago. La decisión, desde hace 26 meses, es abonar siempre el mismo importe, pese a que la inflación acumulada fue de 106,6%.
Conceptualmente, los porcentajes que muestran mejoras o caídas del poder adquisitivo de los ingresos surgen de comparar cuánto podía comprarse en el momento definido como el de inicio con lo que podía comprarse en el momento final del período considerado.
Por ejemplo, si en el punto de partida un jubilado con el haber mínimo más el bono cobró $100 y con eso compró bienes y servicios que también valían $100, en el momento final de la comparación el ingreso será de $267,10 (la suba acumulada fue de 167,1%), en tanto que para adquirir toda la canasta de consumo tendría que desembolsar $303,3 (la inflación fue de 203,3%). Así, el ingreso de $267,1 alcanzará para comprar el 88,1% de los productos. Y habrá perdido el 11,9% de su capacidad adquisitiva.
La modalidad utilizada desde abril de 2024 para el reajuste de haberes consiste en incrementarlos en un porcentaje equivalente a la variación registrada dos meses atrás por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), medido por el Indec.
Esta dinámica produce una recuperación del valor real de los ingresos si la inflación tiene una tendencia a la baja; por el contrario, si la suba de los precios se acelera, el poder adquisitivo tiende a caer. Marzo, por ejemplo, fue un mes negativo en ese sentido, porque se otorgó un reajuste de 2,9%, en línea con la inflación de enero, al tiempo que la inflación resultó mayor, de 3,4%.
© Diario Castex al dia . All Rights Reserved – Desarrollo QueStreaming.com